La Ciudad y la Nación discuten ante los jueces de la Corte el recorte de fondos de la coparticipación

El ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, están frente a frente ante los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia en una audiencia de conciliación a la que fueron convocados para discutir el recorte de fondos coparticipables que realizó hace dos años la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.

Es la última oportunidad para explorar un acuerdo o, de lo contrario, la Corte dictará una sentencia.

El lugar designado para el encuentro es el salón Bermejo del cuarto piso del Palacio de Justicia. Fueron citados a las 11 y fueron, además de De Pedro y Rodriguez Larreta, el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel; el Procurador de la Ciudad, Gabriel Astarloa; el ministro porteño Andrés D’ Alessandro, un funcionario del Ministerio de Hacienda de la Ciudad, y por la Nación, el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez, y dos abogados del Ministerio de Economía.

La Corte explicó que llamaba a la audiencia en los términos del Código Procesal Civil y Comercial, que señala que aún sin que las partes lo pidan, los tribunales podrán “ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa”.

La Corte tiene en sus manos dos procesos que tramita juntos. En uno de ellos se pidió un recurso de amparo contra un decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández que dispuso una quita de fondos coparticipables a la Ciudad del orden del 1,18 por ciento para pagar un aumento a la policía bonaerense. El segundo caso es una demanda de la Ciudad contra la Nación en la que pide declarar inconstitucional una ley que aumentó la quita de fondos dispuesta en el decreto anterior.

Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández

Según cálculos porteños, la ciudad perderá solo este año por la quita de coparticipación que realizó el Gobierno Nacional en 2020 unos 122.000 millones de pesos, equivalentes al 11% del presupuesto o, lo que es igual, al salario completo de un año de todos los docentes, lo que se paga por recoger los residuos durante un año y medio o los sueldos de todo el personal de salud durante ese período.

Eso es lo que está en juego en la audiencia de hoy. En septiembre de 2020, cuando se dispuso la reducción de fondos, la ciudad dejo de recibir 15.000 millones de pesos. A lo largo de todo 2021 no recibió 85.000 millones de pesos. La proyección completa para 2022 es de 122.000 millones, dijeron a LA NACION fuentes del gobierno porteño.

La citación de la Corte fue leída en la Ciudad como una señal positiva, aunque dudan de la posibilidad de un acuerdo conciliatorios. Los porteños dicen que van al encuentro con vocación de diálogo, aunque no son optimistas.

“Si el caso no se mueve al único que beneficia es al gobierno nacional porque todos los días corre el reloj del taxi, perdemos plata. En cambio, si hay una audiencia, es una señal de que la Corte esta comprometida con una solución”, señaló un funcionario de la Ciudad.

La postura del gobierno nacional

El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, acude a la audiencia con la expectativa de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, obligado por la Corte a sentarse a negociar, acepte discutir el costo del traspaso de la policía con los informes presupuestario concretos, con “números reales”, dijeron fuentes del Gobierno.

Hasta ahora, la Ciudad se negó a participar de las mediaciones que fija la ley de trasferencia aduciendo que el tema ya estaba judicializado por ellos. Para el gobierno nacional, cualquier contrapunto sobre los recursos que la Nación le aporta a las 24 jurisdicciones debe resolverse a través del diálogo político, no en los tribunales.

De Pedro fue a la audiencia de hoy con informes precisos del costo de los recursos trasferidos y los datos que muestran que el presupuesto que el expresidente Mauricio Macri otorgó durante su gobierno a la Ciudad fue más del doble de lo que correspondía, dijeron fuentes del gobierno nacional.

Sostuvieron que también queda en claro “la discrecionalidad” en el primer decreto, que ni siquiera establece concretamente para qué es asignado ese aumento de presupuesto a la Ciudad y que, por las críticas que generó, debió ser subsanado con un segundo decreto.

Sentencia

Si los representantes de la Ciudad y la Nación no se ponen de acuerdo, la Corte dictará una sentencia para zanjar el conflicto. La Corte tiene en sus manos dos procesos que tramitan juntos. En uno de ellos se pidió un recurso de amparo contra un decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández, de septiembre de 2020, que dispuso una quita 1,18 puntos de la coparticipación a la Ciudad. Los fondos fueron derivados al gobierno de Axel Kicillof, que en ese momento enfrentaba un conato de rebelión de la policía bonaerense, que reclamaba mejores salarios y llevó su protesta hasta las puertas de la quinta de Olivos.

El segundo caso es una demanda de la Ciudad contra la Nación en la que pide declarar inconstitucional y anular la ley sancionada en diciembre de 2021 que aumentó la quita de fondos dispuesta en el decreto anterior. La ley estableció que, en lugar de un porcentaje de la coparticipación (que acompaña el crecimiento de la recaudación derivado de la inflación) para solventar el traspaso de la seguridad y la policía porteña, la Nación destinaría a la Ciudad una suma fija inicial de $24.500 millones anuales, en doce cuotas mensuales, que luego podrían ser ajustadas por una comisión creada a tal efecto. O sea, que la ley fuerza a la Ciudad a encarar una “paritaria” con la Nación ante cada aumento inflacionario.

Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica, junto a los jueces de la Corte Suprema en el inicio de la Asamblea Legislativa 2022 (Rodrigo Nespolo/)

Además de enrostrarle a la administración de Rodríguez Larreta que todas las provincias se hacen cargo de sus propias policías, el gobierno nacional justificó la quita de fondos a la Ciudad al señalar que el aumento del porcentaje de coparticipación había sido otorgado arbitrariamente por un decreto del expresidente Macri, que con la excusa de financiar la transferencia de facultades y servicios de la Policía Federal a la Capital había beneficiado a Larreta, su aliado. Cambiemos, por su parte, señala que Macri aumentó la transferencia de fondos a la Ciudad porque en función de la autonomía porteña le transfirió la policía, mediante la firma de un convenio, y al mismo tiempo le envió el presupuesto para que pudiera funcionar.

El juicio entre la Ciudad y la Nación está en sus inicios. Fuentes porteñas explicaron a LA NACION que de las dos causas que tramitan en la Corte, de manera conjunta, la que está más avanzada es la demanda donde se reclama la inconstitucionalidad de la ley de diciembre del 2020. El amparo sobre el decreto de septiembre, en cambio, viene mas lento. En el caso del amparo, la Corte lo transformó en un juicio ordinario y dio traslado a la Nación. Esta semana se le vence el plazo a la Procuración del Tesoro de la Nación para responder.

El ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro

En la causa de la demanda de inconstitucionalidad, en cambio el Estado ya respondió y además realizó lo que se llama una reconvención, es decir que no solo respondió a los argumentos de la Ciudad, sino que planteó una contrademanda, diciendo que Rodríguez Larreta no solo no tiene razón, sino que además le debe devolver el dinero que percibió la Ciudad de Buenos Aires desde 2016 a 2019, cuando Macri incrementó las transferencias. La Nación no le puso un número en pesos y dijo que el monto será producto de un peritaje posterior.

La Ciudad ya fue notificada de esa reconvención y sus abogados están trabajando, escribiendo, la respuesta, en la que rechazarán todas las pretensiones de la Nación.

En el juicio del amparo por el decreto, seguramente el Estado nacional, además de responder, hará una nueva reconvención, que la Ciudad deberá también responder.