Madres separadas a cargo de los hijos rechazan el Registro de Obstructores

Consideran que revictimiza a madres y niños. Hay un proyecto de ley en revisión para crearlo. Insisten en que se frene.

Madres separadas a cargo de los hijos rechazan el Registro de Obstructores

El Senado aprobó el proyecto de ley de Registro de Obstructores de Vínculos y pasó a Diputados, donde se le realizaron algunas modificaciones y volverá a la Cámara Alta para su aprobación final y así volverse en ley. Un grupo de madres que tienen el apoyo de organizaciones y del Instituto de Género del Colegio de Abogados aseguran que, de avanzar, el registro violaría los derechos de niños, niñas y adolescentes y convenios internacionales.

Según los abogados consultados, se trataría de una ley inconstitucional, porque contraría tratados internacionales al poner el foco en los intereses de los adultos y no en el de los niños, y existe al respecto una legislación suficiente que lo regula. Entre otros aspectos, existe el delito penal de impedimento de contacto, claramente establecido. Además, el registro agregaría una estigmatización ilícita y también anticonstitucional.

El proyecto de autoría del senador Emiliano Durand establece que mediante el Poder Judicial se inscriba a quien "mediando régimen de comunicación o plan de parentalidad establecido por sentencia o convenio homologado, impidan el ejercicio del derecho a la comunicación o contacto del otro progenitor/a no conviviente o de la persona que tiene tales derechos". La persona que quede inscripta en dicho registro no podrá acceder a cargos ni empleos públicos ni gozar de beneficios estatales provinciales, como inscribirse para una vivienda, o recibir cualquier beneficio o subsidio del Gobierno provincial. Una sanción, por cierto, inédita y que pone en grave riesgo a madres solas que, además, suelen soportar el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte de su pareja.

"Este registro les daría el poder a los jueces para que desde el momento cero nos pongan en este registro", advirtió Yanela, de Madres Protectoras, quienes se manifestaron junto a otras organizaciones en contra del registro. Yanela denunció al padre de su hija por abuso sexual, a partir de informes del hospital que atendió a la niña; la fiscal Cecilia Toranzos pidió el juicio que se hará en octubre próximo. Mientras se desarrollaba el proceso judicial, los abuelos paternos le iniciaron un juicio a Yanela por obstrucción del vínculo. "Pero ellos viven con el padre de la nena", explicó sobre sus motivos. La jueza de Personas y Familia 5, Claudia Güemes, solicitó que se retome el vínculo con los abuelos.

Desde el Programa de Parentalidad del Poder Judicial, que interviene en ese tipo de casos, indicaron que, en proporción, si bien en un 60% son las madres denunciadas por obstrucción de vínculo, lo son también otros referentes afectivos, un 30% son los padres y un 10% de abuelas o tías que se hacen cargo de ese niño, niña o adolescente.

Mariela Zonni, encargada del programa, advirtió sobre los daños emocionales que implica romper el vínculo con uno de los progenitores; sin embargo, indicó que en los casos que se justifique, ellos mismos lo solicitan: "Cuando el niño corre riesgos en su integridad psíquica, en casos de abuso sexual, se suspende la revinculación. También en casos de violencia física se activan todos los sistemas para proteger al niño, tanto desde el programa como de los asesores de incapaces", indicó. Para que eso suceda, explicó, deben recibir un informe y se pide la suspensión, se piden ambientales y se convoca a psicólogos y peritos para saber si "los padres están en condiciones de coparentar".

En tanto, desde Madres Protectoras critican los tiempos para que se tome dicha decisión, por las dilataciones de los procesos judiciales. "En abuso, a veces, los pedidos de cortar el vínculo suelen ser más rápido, pero hasta que llegue el circuito cerrado o las pericias y en mi caso, por ejemplo, la cámara Gesel demoró un año y la pericia fue 2 años después", advirtió Yanela. "Y es fundamental por sobre todo en la infancia los tiempos y su madurez, en ellos hay cosas que van bloqueando", advirtió. Zonni, por su lado, insistió en que "una vez que vos denunciás sin prueba, aun en ese caso, inmediatamente lo detienen al padre y es un proceso que mínimo dura 3 años".

"El Juzgado de Familia dijo que hasta el año pasado no sabía de la causa penal de abuso", advirtió Yanela sobre su denuncia que está a meses del juicio.

La falta de integración entre las diferentes causas es uno de los aspectos por los cuales se oponen. "Cuando litigamos sucede que interviene un juzgado de violencia, luego el de garantías y el juez penal que entiende el impedimento de contacto con el padre no conviviente no tiene en cuenta los antecedentes previos de violencia, o no sabe que hay otras causas. Hay que aceitar los mecanismos del poder judicial para no terminar revictimizando y reproduciendo esta violencia institucional y forzar un vínculo con su padre. Por eso insistimos del juzgamiento con perspectiva de género", advirtió Josefina Arancibia, abogada del Instituto de Género del Colegio de Abogados.

La responsable del Programa de Parentalidad consideró que el registro "pondría límites" a los progenitores que obstruyen sin motivo el vínculo. "Muchas veces son los padres que le infunden sus propios temores a sus hijos", destacó Zonni, que en este sentido se refirió al "Síndrome de Alienación Parental" (SAP), lo que fue criticado por Arancibia: "El SAP es de principios '80, de un médico que se dedicaba a hacer pericias de parte ante casos de abuso sexual en Estados Unidos. Pero la Organización Mundial de la Salud le quitó cualquier valor científico, junto a la Asociación de Pediatría, pero quedó aún arraigado y causa terrible perjuicio en estas cuestiones de confianza", destacó la abogada que aseguró que la comisión que supervisa el cumplimiento del convenio internacional Belén Do Pará, con rango constitucional, también lo advirtió.

Yanela, de Madres Protectoras, aseguró que en cada marcha que hacen hay cada vez más mujeres que se acercan cansadas de la revictimización judicial que sufren. "Muchas veces hablan como si todas las denuncias fueran falsas y ver a una hija atravesar por ese proceso, en mi caso me arranca el corazón", aseveró. "Nos tratan de ignorantes, de locas despechadas y ahora obstructoras de vínculo, y nadie sabe lo duro que es atravesar un proceso judicial. Hay mamás que vendieron hasta su casa para pagar abogados", agregó.

Un caso concreto

Asegura que, en el caso de denunciar violencia, las medidas preventivas son más lentas que en un caso de abuso. En este sentido se esgrime el término "violencia vicaria", que quiere decir el tomar represalias contra la mujer a través de los hijos. Señalan que el reciente caso de Las Lajitas, en el que un joven mató a su hijo de un año y luego se suicidó, es un claro ejemplo de ello. "Sucede generalmente que el que es violento con la mujer, lo es también con los hijos", indicó Josefina Arancibia. "En los casos de violencia es muy difícil que se dicte una prohibición para con los hijos e hijas", agregó la abogada.

El caso de Verónica fue expuesto , cuando denunció a un sargento por violencia física que quedó con domiciliaria luego de violar la prohibición de acercamiento e ingresara a la casa donde ella vive junto a sus dos hijos. "Yo debería haber pedido la restricción con ellos hace tiempo. Pero pensé que más allá de lo que pasaba conmigo, era el derecho de ellos el no dejar de ver su padre, y seguí mandándolos, pero volvían más violentos o golpeados. Hace dos años que no los ve y es un trabajo diario recuperarlos", aseguró la mujer. En las últimas semanas el expolicía pidió retomar el vínculo y el juez de Primera Instancia en lo Civil,, Víctor Raúl Soria, convocó a Verónica a una audiencia para avanzar en eso. "Cuando les dije que su padre quería retomar el vínculo les agarró un ataque de nervios y mi consigna policial tuvo que llamar a un móvil, el menor terminó hospitalizado. El psicólogo del hospital me dijo que está con mucho miedo y que no es conveniente que hable con el padre, así que fui con el certificado y pedí que se interrumpa el vínculo", relató. Ante estas presentaciones la defensoría pidió que se les haga una nueva pericia a los chicos, pero la psicóloga me dijo que el seguir haciéndolos hablar y volver sobre lo mismo no los ayuda a avanzar", indicó.