Un padre privado de ver a su hija denuncia parcialidad en la Justicia Salteña

Tiene 37 años y vive en la capital salteña. Es padre de una niña de 6 años, a la que no ve desde hace tres años y medio. En mayo de 2019 se separó de su pareja, quien un año después radicó en su contra una serie de denuncias en las que le adjudicó desde agravios verbales hasta un supuesto abuso en perjuicio de la hija de ambos, además de relaciones que manifestó no haber consentido durante la convivencia.

De esas denuncias se desprendieron medidas cautelares que interrumpieron el vínculo de padre e hija, en espera de las medidas de prueba que la Fiscalía Penal de la UDIS Nº 3 de Salta ordenó tiempo después.

El 30 de julio de 2021, desde el Gabinete de Psicología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) llegó a la citada Fiscalía el informe técnico pericial de las diferentes evaluaciones que se realizaron entre el 3 de junio y el 22 de julio de 2021 en la persona de la niña, quien además fue escuchada a través del sistema de circuito cerrado de TV (CCTV), que se utiliza desde fines de 2019 en la Ciudad Judicial bajo las mismas disposiciones previstas para la cámara Gesell.

En ese informe, la perito oficial del CIF y los peritos de parte de la defensa y la querella concluyeron en forma unánime que "no se observan indicadores de abuso de ningún tipo que haya sufrido la niña". Así lo expresó la Defensoría Oficial Penal Nº4, al pedir al Juzgado de Garantías 6 el inmediato sobreseimiento del padre imputado de la acusación de abuso y el consecuente cese de las medidas cautelares que interrumpieron el vínculo con su pequeña hija, causando, a juicio del representante del Ministerio Público de la Defensa, un "gravamen irreparable" en sus derechos.

El informe pericial

Tanto en las entrevistas clínicas como en la evaluación psicológica con técnicas proyectivas los peritos advirtieron en la niña "un grado de madurez acorde a su etapa evolutiva con un buen nivel de estimulación de su ambiente".

Hicieron notar, además, que la pequeña "despliega un juego espontáneo, utiliza movimientos fluidos, su esquema corporal se observa en proceso de construcción y transcurre de acuerdo a lo esperado para su etapa evolutiva". A partir de todos esos rasgos de personalidad los especialistas remarcaron que "no se encuentran indicadores de vivencias de conductas intrusivas en su integridad sexual que hayan sido registradas como traumáticas".

Por otra parte, advirtieron que la niña "adopta frente a la madre una postura rígida y pasiva, de anulación subjetiva". Y agregaron que "la angustia desbordante de la madre puede afectarla e influirla, creando áreas de conflicto", por lo que se indicó "el acceso a espacios terapéuticos separados tanto para la niña como para su madre".

Además de todos estos puntos, que resaltan en el informe que la Fiscalía recibió del Gabinete Psicológico del CIF, la Defensoría Oficial interviniente hizo notar que otros hechos de los que se denunció al padre de la niña no fueron acreditados en la investigación penal, porque "sencillamente no existieron", tras lo cual desde el Ministerio Público de la Defensa se insistió en que "el único derecho vulnerado a la fecha es el del contacto recíproco de la niña con su padre". También se puso de relieve que el progenitor "no solo cumplió con las medidas dispuestas, sino que colaboró con la producción y avance de la investigación". Se agregó que él "se presentó voluntariamente a hacer su descargo, compareció las veces que fue citado y solicitó que se fijara fecha para la audiencia de imputación". Se puntualizó, asimismo, que de las declaraciones de la denunciante y el descargo del padre "emerge con absoluta claridad que la presente cuestión traída a conocimiento no reviste ilícito penal o por lo menos que mi defendido hubiese incurrido en alguno".

Con todo, el Juzgado rechazó en marzo de 2022 el pedido de sobreseimiento. La Defensoría insistió con una apelación, pero el recurso también fue desestimado y la causa va camino a juicio. "Soy un papá injustamente separado de su hija. Desde que me separé he sufrido diversas denuncias con un solo objetivo: hace 3 años y medio que no veo a mi niña, he perdido todo contacto con ella, por falsas denuncias realizadas por mi expareja. Con mi familia sufrimos obstrucción de vínculos, afectando derechos fundamentales, ante todo de mi hija, intentando borrar o hacer desaparecer todo lazo paterno", manifestó el joven imputado.

"Hasta este momento la Justicia no tuvo en cuenta las pruebas contundentes a mi favor ni mi versión de los hechos. Siento que se perdió la perspectiva de infancia. Nadie, ni jueces ni asesora de Menores e Incapaces, consideró los derechos de mi hija. He sido denunciado por hechos de violencia que jamás ocurrieron y por delitos penales de índole sexual que claramente no existieron. Solo el relato de la madre, su palabra, bastó para inculparme. Todas estas denuncias no me han desalentado en la lucha por ver a mi hija y proteger sus derechos, más aún ante los casos aberrantes de muertes de niños que han consternado a la sociedad y que se dieron en contextos de obstrucción de vínculos", agregó.

"Me niegan el derecho de saber de su salud"

"En todos estos años he visto que el accionar de la Justicia vulnera aún más los derechos de mi hija, sobre todo porque el Juzgado de Familia Nº 1, a cargo de la doctora Inés Villa Nogués, y la asesora de Menores Nº4, Noelia Pérez, no han demostrado otra cosa que parcialidad y prejuzgamiento; todo en favor de la otra parte, pero no de mi hija. Aun cuando todas las pericias y entrevistas en CCTV indican que ella no tiene ningún daño, sino que surgen otros indicadores respecto a la madre, que es la que manipula e implanta recuerdos en contra mío, vulnerando derechos. Siento que, por el solo hecho de ser hombre, gran parte de todo el sistema judicial y la sociedad me condenan. Existen serias recomendaciones y hasta una orden judicial para que mi hija realice tratamiento psicológico en un espacio distinto al de su madre, pero llevamos más de dos años sin que se cumpla con ello. Hechos que han sido denunciados por mi parte tampoco han sido tenidos en cuenta. Es, claramente, una lucha desigual", afirmó el padre, tras recalcar que hasta hoy no hubo disposición judicial alguna que intime a su expareja a cumplir con esa orden.

"Me niegan hasta el derecho más elemental, que es el de obtener información sobre el desempeño escolar de mi hija, sobre su salud y su bienestar general", dijo. "La imparcialidad que jueces, asesores y fiscales deben tener en su desempeño cede irremediablemente ante denuncias como las que sufro en carne propia, donde un padre, por el hecho de ser varón, no goza de la presunción de inocencia. Personalmente, en todo momento debo demostrar mi inocencia, y a pesar de lo que reflejan con toda claridad las pericias, se vulneran las garantías constitucionales y tratados internacionales. No existe un estado de derecho, sino un estado de sospecha, y con esa vara se imparte Justicia. Siempre colaboré con la investigación, me puse a disposición de la Justicia desde el primer momento y jamás desatendí las necesidades de mi hija", acotó.