Un abogado salteño irá a juicio por trabajar con una credencial falsa

El 1 de julio de 2022 la sede de la Justicia Federal de Salta fue el escenario de una de las audiencias más insólitas que se recuerden. En el mediodía de aquel viernes de invierno el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 2, Abel Fleming, se disponía a resolver, en su carácter de juez de ejecución, un pedido de autorización que un condenado con prisión domiciliaria había solicitado para poder viajar a Buenos Aires con su hijo.

El niño, de 10 años, necesitaba urgente tratamiento oncológico, por lo que su ingreso al hospital pediátrico Garrahan había sido priorizado para el lunes 4. Con la vida del pequeño paciente en vilo y el interés superior en juego, la autorización se daba por descontada, pero una vez iniciada la audiencia auxiliares del tribunal notaron algunas inconsistencias en la credencial del abogado que se había presentado como Nicolás Jesús Graneros, defensor del padre del niño, y advirtieron al juez de la presunta irregularidad.

Tras una rápida consulta a los legajos de la matrícula federal, Fleming hizo detener al abogado, con firmes indicios que indicaban que era Graneros, el auténtico defensor registrado en el fuero, quien estaba en esa audiencia, sino otro letrado, al que tiempo después se identificaría como Martín Miguel Poma Ovejero, quien había usado una credencial fraguada para suplantarlo en sede judicial.

Por aquella audiencia inaudita, en la que el juez autorizó finalmente el viaje de urgencia al hospital Garrahan con la intervención de la defensora coordinadora regional, Clarisa Galán, y de Gala Poma, como asesora de menores por los derechos del niño con cáncer, hoy el abogado Poma Ovejero está a un paso de ser sentado en el banquillo bajo cargos de falsificación de documento público y usurpación de título.

Días atrás, a instancia del fiscal general Carlos Martín Amad, de la Unidad Fiscal Salta, el juez federal de Revisión, Guillermo Federico Elías, hizo lugar al pedido de elevación a juicio requerido en su contra.

La decisión se adoptó en una audiencia de control de acusación en la que la Fiscalía interviniente dio por cerrada la investigación penal y ratificó la responsabilidad del letrado imputado.

Según la acusación, durante la investigación preliminar que se formalizó el 11 de octubre de 2022 ante el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, se comprobó que la credencial federal (que habilita al letrado a ejercer dentro de ese fuero) había sido falsificada.

Al respecto, el fiscal Amad enumeró una serie de pedidos de informes y pericias. Destacó, entre las constancias reunidas, que el imputado registra una condena del 10 de mayo de 2018, dictada por el Juzgado Correccional de Primera Nominación de Salta. La sentencia fue de dos años de prisión condicional e inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el término de cinco años, tras ser declarado autor responsable de los delitos de homicidio y lesiones culposas.

La Fiscalía, a través de un informe solicitado al Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, reunió constancias de la inscripción de las matrículas provinciales de Poma Ovejero y Graneros. También elevó un requerimiento a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta para verificar si el imputado se encuentra habilitado para ejercer la profesión en causas federales. En contestación a ese pedido, el citado tribunal informó que "mediante la consulta realizada a través del Sistema de Autenticación único de Matrículas Federales (Ley 22.192) no se hallaron resultados coincidentes con el acusado".

En base a las pericias practicada a la credencial que presentó el imputado en la audiencia judicial del 1 de julio de 2022, el representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación estableció que la misma "no cumple los requisitos de originalidad establecidos por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta" y que , por ende, "se trata de un documento apócrifo".

En función del resultado de esas medidas, y de otras de orden técnico, el fiscal Amad mantuvo la acusación penal, a la vez que rechazó un pedido que se presentó poco después de la formalización del caso y en el que la defensa del letrado había solicitado, como salida alternativa, una suspensión de juicio a prueba.

Rechazaron la "probation" por una condena

La defensa del abogado y exconcejal Martín Poma Ovejero solicitó una suspensión de juicio a prueba, pero la "probation", como también se conoce a salida alternativa, fue rechazada. El fiscal Carlos Amad indicó que la decisión se apoyó, básicamente, en el impedimento marcado por las normas legales vigentes respecto al criterio de oportunidad, ya que el beneficio no puede aplicarse para imputados que registran un antecedente condenatorio. Amad recordó, en tal sentido, que Poma Ovejero fue sentenciado en mayo de 2018 a dos años de prisión condicional e inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el término de cinco años, luego de ser declarado como autor responsable de los delitos de homicidio y lesiones culposas en un siniestro vial.

Amad, además, resaltó que la modalidad de la pena a resolver en el debate, en caso de que el abogado imputado sea declarado culpable, tampoco admite que lo sea en calidad de suspenso.

En la audiencia que presidió el juez federal de Revisión, Guillermo Federico Elías, ante la insistencia de la defensa por el medio alternativo de resolución de conflicto, el fiscal volvió a oponerse a tal posibilidad poniendo en claro que "no se trata de un capricho del suscripto, sino del mandato que me impone la ley".

La defensa había planteado el sobreseimiento por atipicidad como cuestión preliminar, pedido que fue rebatido por la Fiscalía y compartido por el juez Elías. El magistrado también coincidió con respecto al pedido de aplicar una reparación integral y, con ello, la extinción de la acción penal. "Para mí tampoco es procedente la reparación", determinó.